El Gobierno andaluz no revisará los bienes inmatriculados por la Iglesia
La proposición de Podemos es rechazada con el voto en contra de PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos
Madrid / Sevilla
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El PSOE de Andalucía defiende que es el Gobierno central el que debe encargarse de esta tarea, y que el listado de bienes inscritos por la Iglesia se recabe desde 1998 en lugar de 1978, como proponía Podemos. “Es que Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos”, concede la diputada socialista Soledad Pérez. Los socialistas andaluces se resisten, estratégicamente, a tomar esta iniciativa de forma unilateral. Habían negociado con Podemos, finalmente, que se pidiera al Gobierno central y si en un mes no había respondido, lo haría el andaluz, tal y como ha asegurado la diputada de Podemos Lucía Ayala. Pero finalmente, el PSOE ha decidido dejarlo todo como estaba y abstenerse.
Pero no es cierto que bucear en los registros sea una competencia del Gobierno central, como defiende Pérez. El Gobierno vasco, a instancias de su Parlamento, acaba de proporcionar un listado de bienes inscritos por la Iglesia que suma más de 530 propiedades. "No hace falta que enumere las diferencias que hay entre Bildu y el PSOE, entre Euskadi y Andalucía", ha asegurado Pérez durante su intervención en el Parlamento. Y no las ha enumerado, pero la proposición de Bildu ha contado en el País Vasco con el apoyo del PSE, como en su día ocurrió en Navarra, donde finalmente se contabilizaron más de 1.000 propiedades inscritas por la Iglesia.
Son las famosas y polémicas inmatriculaciones. La Iglesia, haciendo uso de una ley franquista que concede a los obispos prerrogativas de funcionarios, podía inscribir a su nombre cualquier propiedad, lo mismo una finca, que un local, que un huerto o un polideportivo con solo pedirlo. No necesitaba demostrar que eran propietarios, como se le exige a cualquier ciudadano.
Así lo han hecho desde aquel año hasta convertirse, según los expertos, en la gran inmobiliaria de este país. En 1998, el Gobierno de Aznar amplió ese privilegio al permitir que inmatricularan también los templos de culto y ahora están a nombre de los obispos catedrales, ermitas, iglesias y hasta fuentes y plazas, sin que los Ayuntamientos hayan reparado en ello hasta que los ciudadanos, agrupados en plataformas, han denunciado la “voracidad y el expolio de la Iglesia” y han reclamado bienes que consideran públicos.
Por eso, la enmienda que planteaban los socialistas andaluces ponía como referencia la fecha de 1998. Podemos pedía desde 1978, en el entendimiento de que la ley franquista que amparaba a la Iglesia se convirtió en inconstitucional en aquella fecha. “Bueno, es una cuestión estratégica”, reconoce la diputada Soledad Pérez. “Fue Aznar quien complicó todo con aquel decreto de 1998 y la inmensa mayoría de las inmatriculaciones se han hecho desde entonces”, sostiene. Pero eso es imposible saberlo, precisamente porque no se tiene el listado de los registros de la propiedad. "Si nos quedamos en 1998, sería dar una verdad a medias y no sabríamos la magnitud real de esta práctica", ha asegurado la diputada de Podemos en el Parlamento.
Además, el PSOE quería que fuera cada Ayuntamiento u organismo el que reclame la titularidad de lo inmatriculado indebidamente una vez tuvieran el listado, y no la Junta. En este punto Podemos no ha cedido, según la diputada del PSOE. "El listado sería analizado por la comisión de Cultura y, teniendo en cuenta los informes legales, decidiría bien a bien a quién le correspondería reclamarlo", aclara Pérez.
Los socialistas en el Congreso de los Diputados se han negado meses atrás a llevar esta ley hipotecaria al Tribunal Constitucional, como pedían las plataformas de ciudadanos que están dando esta batalla. Eso, dicen en estas organizaciones, hubiera permitido, en caso de ser declarados inconstitucionales estos privilegios de la Iglesia, un colchón jurídico para cualquier Ayuntamiento o ciudadano que quisiera recuperar en tribunales los bienes apropiados. Pero el grupo socialista de Pedro Sánchez no quiso porque no tenían todas consigo de que el Constitucional fallase a su favor. Ahora cada uno pelea por su cuenta. El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) acaba de recuperar una ermita que la Iglesia había puesto a su nombre. Otros no lo han conseguido por más pleitos que han iniciado.
Esta legislatura, el PP reformó esa ley para quitar el privilegio a la Iglesia. Los obispos ya no pueden inmatricular nada si no demuestran que es suyo, aunque desde que se anunció han tenido un año entero para acabar lo empezado. Y a algunos el plazo no les ha sido suficiente y han seguido haciéndolo hasta después de que las Cortes modificaran el polémico artículo franquista, en el tiempo de descuento hasta que han entrado en vigor los cambios, como queda constancia en el País Vasco.
El Parlamento andaluz sí ha aprobado, sin embargo, los otros dos puntos de la proposición no de ley de Podemos para que el Gobierno andaluz revise el impacto que las inmatriculaciones han tenido en el patrimonio andaluz y para que dicte una serie de directrices de obligado cumplimiento para la preservación y protección de los monumentos.
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